Huelga minera

De nueve gremios en conflicto, uno ya inició huelga general indefinida. Trabajadores se encuentran en plena negociación colectiva, pero en Arequipa ya anunciaron un paro preventivo para la próxima semana.

En los próximos días más de una huelga minera podría iniciarse si las negociaciones colectivas sobre demandas salariales y laborales que se dan en estos momentos entre los dirigentes sindicales y los funcionarios de las empresas mineras no tienen éxito.

Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, informó que son nueve los sindicatos mineros que se encuentran en riesgo de paralizar sus labores.

Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala ya afronta su primera huelga indefinida.

El 31 de agosto los 1.124 obreros de la empresa china Shougang Hierro Perú decidieron no ingresar al centro metalúrgico de Marcona porque consideraron totalmente irrisorio el ofrecimiento de aumento salarial de S/. 1.30 al día.

La semana pasada, un grupo de estos trabajadores llegó a Lima en marcha de sacrificio.

El secretario general del sindicato, Julio Ortiz, y el presidente del comité de huelga, Manuel Acuña, refirieron que durante estos días seguirán llegando más obreros, y aseguraron que no dejarán Lima hasta que el Ministerio de Trabajo resuelva el íntegro de su pliego de reclamos. Sigue leyendo

Continúa la contaminación petrolera en la Amazonía

 

 

Comunidades rompen diálogo con transnacional por derrames de petróleo

Dos comunidades shipibo indígenas radicadas en nuestra Amazoníarompieron negociaciones con la transnacional Maple Gas Corporation del Perú SRL., debido a las repercusiones sanitarias que, desde su punto de vista, se han producido tras seis derrames de petróleo en su territorio durante los últimos tres años.

Como se recuerda, aproximadamente un mes atrás se denunció que más de 30 integrantes de las comunidades tuvieron que limpiar un derrame de petróleo, usando sus propias manos y sin ningún tipo de protección, como demuestra el presente video.

El 10 de julio ruptura del gasoducto en el bloque de petróleo de Maple Energy, 31-E, 75 kilómetros al norte de la ciudad de Pucallpa, derramó petróleo crudo en el Río Mashiria, un afluente del Ucayali.

“Maple ha negado los problemas de contaminación y la enfermedad resultante de sus operaciones en nuestra tierra y se negó nuestra solicitud de recuperación ambiental y tratamiento médico”, afirmó Raúl Tuesta, dirigente de la comunidad Shipibo de Nuevo Sucre.

De acuerdo al portal internacional ww4report.com , las dos comunidades habían solicitado Maple Energy cubrir los estudios para determinar el nivel de contaminación y los problemas de salud que afectan a miembros de la comunidad, incluidos los niños. Además, se les pidió responsabilizarse por el agua potable y los alimentos que se iban a consumir hasta que se pueda garantizar que eran aptos para el consumo humano. La empresa rechazó las tres solicitudes.

“La terminación de las negociaciones se produce apenas un mes después de la muerte de Luis Saldaña, un residente de Nuevo Sucre que sufrió dolor de estómago después de verse obligado por Maple para ayudar en la limpieza de un derrame de petróleo de Maple en abril de 2009 sin ningún tipo de equipo de protección, “, dijo el abogado encargado de la asesoría a las mencionadas comunidades.

Fuente: http://www.larepublica.pe/06-09-2011/comunidades-rompen-dialogo-con-transnacional-por-derrames-de-petroleo

Minera Yanacocha agrede a familia campesina para despojarlos de sus tierras

SABOR A TIERRA ROBADA

Por Franz Sánchez
Celendín
Jaime Chaupe Lozano es un agricultor sorochuquino nacido el 1 de abril de 1960. En 1994, junto a su esposa Máxima Acuña adquirieron tierras para cultivo y pastoreo en el caserío de Chugurmayo, en el sector conocido como “Tragadero Grande – Las posadas”, en el distrito de Sorochuco. Los predios fueron comprados a Esteban Chaupe Rodriguez (Chogopampa).
Sin embargo, en la medida que la actividad agrícola demandaba un traslado frecuente hacia las zonas de mayor producitivad, dependiendo de la época de sembrío, la familia Chaupe, descuidó los linderos de una amplia extensión de tierras, que alcanzan las 27 hectáreas.

Uno de esos descuidos tuvo como resultado que, en setiembre de 2010, la empresa Minera Yanacocha construyera una trocha de acceso que atravesaba el terreno de la familia. Enterado de lo ocurrido, Jaime Chaupe presentó, en enero de 2011, un reclamo a las oficinas de la minera, sin obtener nunca respuesta.
Como en los viejos días en que las mineras y los gamonales eran dueños de tierras y vidas, con la complicidad de jueces, de la policía y de otras autoridades.

Más información sobre lo ocurrido, aquí: habla Máxima Acuña Atalaya

Ante esta situación, la familia entera decidió establecerse de manera permanente en el lugar, para defender las tierras que aseguran les pertenecen. “Nosotros tenemos documentos que nos amparan donde quiera que vayamos. Si no tuviéramos documentos, o si en realidad mi papá y mi mamá lo hubieran vendido… vergüenza tuviéramos, señor, de estar en este terreno…”, me cuenta Isidora Chaupe (hija de don Jaime).
Esto no impidió que, el 22 de mayo de este año, un escuadrón de 30 policías, custodiando a los representantes de Minas Conga (la filial de Minera Yanacocha), en particular al ingeniero cajamarquino Guillermo Rómulo Silva Silva, interviniera en un primer desalojo,
Según relatos de los agraviados, el contingente utilizó la fuerza desmedida contra los miembros de su familia —doce personas, incluidos los niños—, para finalmente destruir los linderos y desmontar la choza en la que vivían.
El 22 de mayo, la familia campesina quiso interponer una denuncia por estos hechos violentos, pero no fueron atendidos sino hasta el día siguiente.
La demanda interpuesta llegó recién el 25 de mayo hasta la Primera Fiscalía de Celendín, pero en ese lapso ocurrió uno de esos “milagros” propios al corrupto sistema judicial peruano: los denunciantes pasaron a ser denunciados, por el delito de “usurpación, daños y perjuicios contra Minera Yanacocha”
“Minera Yanacocha es una empresa respetuosa de la ley y realiza siempre sus mejores esfuerzos por mantener la paz y tranquilidad con nuestros vecinos…”, dice la multinacional minera en un escueto comunicado difundido a algunos medios locales que le son adictos (fáciles de identificar).“Las camionetas pasaban y volvían a pasar por la carretera que está dentro de nuestro terreno… y, después, en el campo han hecho su plataforma. Y allí llegaban las camionetas, se estacionaban y de allí nos miraban”, relata Isidora. Y el lunes 8 de agosto, “a las 6 de la tarde, esperando que se haga de noche nos atacaron”, agrega, contando la violencia que se desató durante un nuevo intento de desalojo.
Lo ocurrido ese anochecer hubiera podido quedar ignorado, hubiera sido la palabra de Isidora contra la de la transnacional, de no ser un celular que blandió la joven y de cuyo manejo no estaba bien enterada. Con él registró lo que pudo de la intervención y, en un momento, una escena escalofriante: la madre de Isidora (doña Máxima Acuña) desmayada en la pampa, los niños golpeados, asustados y llorando. Es así como la minera intento lograr sus fines, sin contemplaciones y al amparo de la oscuridad.
El martes 9 de agosto, esta vez a las 6 de la mañana, el contigente policial armado y los funcionarios de la minera volvieron nuevamente al lugar, esta vez para culminar el desalojo, destruyeron la choza rehabilitada, rompieron bienes y enseres, cuyos restos inexplicablemente fueron llevados a bordo de una camioneta.
En el comunicado de Yanacocha se lee: “De acuerdo con la Ley, y en defensa de nuestra propiedad, luego de dialogar con los invasores de manera pacífica y sin violencia ni agresión física o verbal de las partes, se procedió a desarmar la choza –construida hace 5 días en la propiedad de Yanacocha- y levantar un acta dando cuenta de las pertenencias encontradas, para luego hacerlas llegar a la comisaría de Celendín”.
“Eso es totalmente falso, nunca ha habido un diálogo… Vienen agresivamente a insultarlo a mi papá…, traen a Fiscalía y dicen que hay que salir primero del terreno para que haya diálogo…”, continúa su historia Isidora Chaupe. “Por eso es que ahora él (se refiere al Ing, Guillermo Rómulo Silva) no se presenta, manda a otros… Nosotros donde quiera que nos vayamos, donde quiera que nos haga llevar, primero vamos a pedir que él nos enseñe la firma de mi papá y mi mamá, a ver si han vendido nuestros terrenos”.
Yanacocha en otra parte del comunicado, dice: “Es necesario precisar que, contrariamente a las declaraciones vertidas en algunos medios, dichas personas recién levantaron la choza el lunes 8 de agosto del presente año, por lo que no es cierto que estaban viviendo con anterioridad en la zona. De acuerdo con la información recibida por la empresa, dichas personas tendrían como domicilio regular el caserío de Amarcucho, en el distrito de Sorochuco”.
“Nosotros tenemos nuestras chozas antiguas y tenemos cimientos de casa… y todo lo que ha hecho mi papá”, refuta con indignación Isidora, a la vez que clama por apoyo, porque sienten que están solos frente a una multinacional.
“En primer lugar quisiéramos que nos arreglen todos los daños y perjucios que han hecho en nuestro terreno… Han venido acá a maltratarnos. Tengo un tío inválido, que no tiene un brazo, a él también lo han lastimado. Que nos devuelvan lo que nos han llevado. Y si queremos esos terrenos lo venderemos…, pero si no queremos no lo vamos a vender a la mina”, finaliza.
Sea como sea, por más potestad sobre la tierra tenga el agricultor y su familia, o por más dueña sea la empresa Minera Yanacocha, nada, absolutamente nada justifica actuar con los métodos violentos que se ha empleado. Aquí hay que procurar también hacer entender que la Policía Nacional, es justamente Nacional y no “Privada”, palabra que en este caso no significaría “privación” o “privada de decisión”, no quisiéramos saber por qué. Los derechos de la persona son el máximo valor que se debe respetar.
Frente a tropelía consumada ya se han pronunciado diferentes personalidades y organizaciones que defienden la vida, porque no hay que esperar a que ella esté en inminente riesgo para rechazar este tipo de vejaciones. Se han pronunciado por ejemplo la actriz Magaly Solier y el escritor Alfredo Pita, así como otros activistas que ven con mucha preocupación estas primeras señales negativas en un momento teñido de esperanza.
La empresa responsable de los desmanes cierra su comunicado con esta frase para la histeria: “Para Yanacocha es prioritario mantener siempre buenas relaciones con nuestros vecinos, de respeto mutuo y en búsqueda constante del desarrollo sostenible en su área de influencia”. Sin comentarios.

Fuente: http://celendinlibre.blogspot.com/2011/08/mineria-cronica-de-un-ataque-anunciado.html

Río Urubamba, hidrovía petrolera. Los ríos amazónicos convertidos en servidumbre


Barco Peter Ronna. Galería de imagen de Camisea Pluspetrol

“Cuando el último animal haya sido asesinado, el último árbol derribado, 

el último río envenenado…..te darás cuenta que el dinero no se come.”

Los compañeros de Alerta Amazónica nos envían este artículo sobre los impactos de la ruta petrolera en el Río Urubamba para los pueblos originarios, comunidades ribereñas y los ecosistemas. Impactos que no suelen tomarse en cuenta y, en el mejor de los casos, son infravalorados al asignárseles una valoración monetaria ficticia pues quien puede decidir ¿cuánto vale un río o un ecosistema?

– Este artículo tiene por objetivo la consideración del transporte fluvial de las petroleras como uno de estos impactos ignorados o, como máximo, arrinconado en el apartado de impactos indirectos.

Por Marc Gavaldà

Kaos en la Red, 30 de julio, 2011.- La valoración de los impactos de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía puede concluir en resultados tan dispares como lo son las posiciones de sus emisores. Desde las compañías petroleras – las autoras de los impactos- así como su entramado de consultoras e instituciones clientelares, se tenderá a relativizar la afectación de sus actividades, minimizando- ignorando si pueden- o externalizando los impactos.

Frente a ese discurso absolucionista, las comunidades amazónicas – las receptoras de los impactos- responden con débiles quejas que frecuentemente se traducen en demandas de compensación.

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Reseña conferencia de prensa Organizaciones Indígenas contra el Proyecto Corina – Loreto

[De derecha a izquierda: Edwin Vásquez (COICA), Manuel Coronado (Secretario General Región Loreto CGTP), Alberto Pizango (AIDESEP), Alfonso Lopez (ACODECOSPAT) y Wagner Musoline (consejero regional)]

Por Adriana Raygada

El día 8 de Agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en las instalaciones del FORMABIAP, en Iquitos. A la reunión asistieron Edwin Vásquez (COICA), Manuel Coronado (Secretario General Región Loreto CGTP), Alberto Pizango (AIDESEP), Alfonso López (ACODECOSPAT) y Wagner Musoline (Consejero Regional de Loreto.)

En la reunión se explicó la inconformidad con las leyes 29760 (o Ley Corina, ) y 29763 (o Ley de la Selva) y la convocatoria a la marcha que se realizaría el día siguiente.

En la Conferencia se calificó a ambas leyes como inconstitucionales, como leyes que atentan contra la vida de nuestros hermanos indígenas. Y como “medidas impositivas que no han respetado el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf y al que el Perú está adscrito desde 1993.”(A. Pizango)

 

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Concesiones mineras sin evaluación ni consulta a comunidades


OCMAL
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorga concesiones mineras sin evaluación en Perú según Cooperacción. En los pasados días se realizó el I Foro Birregional, Huancavelica-Junín, de comunidades afectadas por la minería (se acompaña la Declaración de Huancayo).
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorga concesiones mineras sin evaluación. José De Echave, director de Cooperacción, señaló que se requiere modificar el sistema de otorgamiento de las concesiones en minería. El reordenamiento de las concesiones mineras permitiría reducir los conflictos sociales en torno a esta actividad, afirmó el director ejecutivo de Cooperacción, José De Echave.Pero lejos de emprender este mapeo que determine dónde es prudente permitir la actividad minera y dónde no, en los últimos seis meses se duplicaron las concesiones a las empresas extractivas.

A principios de año, el área concesionada ascendía a 11 millones 572 hectáreas, pero hasta junio la cifra se incrementó a 24 millones de hectáreas, que equivalen a un 18,91% del territorio nacional.

Pero más grave aún es cómo se otorgan estas concesiones. De Echave explica que en la actualidad el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) las otorga sin ningún tipo de evaluación de lo que ocurre en el territorio asignado. De este modo, en ocasiones se afecta los procesos productivos, zonas de preservación o planes de desarrollo regionales. Por ello, sostiene que es capital mejorar la comunicación entre las autoridades regionales y nacionales.

“Hoy ocurre que el Perú está dividido en cuadrículas y basta que éstas estén vacías para que se le otorgue a una empresa minera que lo solicite. No hay ningún tipo de evaluación previa de qué está pasando en esa cuadrícula en determinada zona del país”, recalcó.

De Echave señala que el incremento de los conflictos sociales –crecieron de 82 en el 2006 a 217 este año, mayoritariamente socioambientales– se debe, entre otros motivos, a este proceso de entrega de concesiones mineras inconsultas.

Una posición similar manifestó el presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, quien abogó porque el próximo gobierno de Gana Perú emprenda un reordenamiento de las concesiones mineras.

Un reciente informe de Apoyo Consultoría precisa que los conflictos socioambientales comprometen al menos US$ 9,000 millones de inversión en la minería en los próximos cinco años.

De Echave añade que además del reordenamiento de las concesiones se requiere aprobar la Ley de Consulta previa, entre otras medidas necesarias para reducir los conflictos en torno de la minería.

Las regiones con más conflictosEl Observatorio de Conflictos Mineros hace el monitoreo de cinco regiones del país. Según los mapas de concesiones Apurímac es la región que más territorio tiene concesionado: 56,52%; le sigue Cajamarca con 48,47%; Piura: 27,48% ; Junín: 24,68%; y Cusco: 18,12%.

El director de Promoción Minera del MEM, Henry Luna, manifestó que el 10% del territorio peruano con potencial minero requiere ser explorado, pero que solo el 0,78% del territorio se encuentra actualmente ocupado por unidades en operación minera y que el 0,27% está en actividad de exploración minera. En definitiva, solo el 1,05% está ocupado por la minería.

I Foro Birregional, Huancavelica-Junín, de comunidades afectadas por la minería

Declaración de Huancayo

Descripción: dirigentes Las comunidades afectadas por la minería de las regiones Junín y Huancavelica, reunidas en la ciudad de Huancayo los días 22 y 23 de Julio de 2011, en el Foro Birregional de sobre Minería, Medio Ambiente, Cambios Climático, Salud Ambiental y Consulta Previa; considerando que:

Nuestro planeta afronta la crisis climática producto del desmedido saqueo de las riquezas de la Pachamama, impulsado por un modelo económico que prioriza el beneficio económico de unos cuantos por encima de la vida misma de la gran mayoría de los habitantes del planeta.

El exponencial consumismo occidental, la crisis de la civilización occidental, el saqueo de nuestros bienes naturales y la industrialización de los países desarrollados han generado la crisis climática global a la que se suma la crisis alimentaria.

Esta situación es más preocupante para el Perú, pues es el tercer país, a nivel mundial, más sensible a sufrir los efectos del cambio climático.

Descripción: foro-huanca Uno de los sectores más afectados con el calentamiento global y sus consecuencias es el de las comunidades indígenas campesinas que vemos como han aumentado los riesgos de vulnerabilidad de nuestros derechos y como se está modificando nuestro modo de vida que milenariamente ha dependido de la Madre Tierra.

Lejos de protegernos y velar por el cumplimiento de las normas nacionales que velan por nuestros derechos y cumplir con lo establecido en los instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los Pueblos Indígenas, los sucesivos gobiernos han puesto en marcha una política de criminalización de la protesta con la que se busca debilitar nuestras luchas.

Frente a ello exigimos:

1. La elaboración de una propuesta de constitución política plurinacional con la participación de los pueblos de todas las nacionalidades y la aprobación del nuevo texto constitucional, por referéndum en el que participe toda la población. Esta nueva Constitución de garantizar la protección de nuestros derechos fundamentales como pueblos originarios, estableciendo claramente el carácter agrícola de nuestro país y no el minero y teniendo como base el Convenio 169 de la OIT sobre el estado plurinacional

2. La aplicación de mecanismos de consulta de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, como paso previo a la entrega de cualquier tipo de concesión que se otorgue dentro de nuestros territorios.

3. Poner en marcha a partir de las comunidades, un ordenamiento territorial en las regiones Junín y Huancavelica, el cual debe establecer en que zonas se pueden o no desarrollar actividades extractivas. Debe, también, darse las medidas necesarias para proteger zonas con ecosistemas frágiles, principalmente las cabeceras de cuenca, nevados y otros que representan la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y el desarrollo de la agricultura y ganadería.

4. Promover la declaratoria del Perú como un país Libre de Transgénicos. El ingreso de organismos genéticamente modificados a nuestro país representa una amenaza a nuestra biodiversidad y los conocimientos de su manejo que milenariamente han desarrollado los pueblos originarios. Se plantea desarrollar una campaña internacional con este fin.

5. Demandamos la inmediata reestructuración del INDEPA, que al ser un organismo que vele por protección de los derechos de los pueblos indígenas, son las organizaciones indígenas de nuestro país las que deben dirigirla, tal y como lo recomienda, incluso, la OIT.

6. Planteamos la necesidad de la inmediata creación de un Viceministerio de Asuntos Indígenas, y de Educación Intercultural Bilingüe, que se encargue de atender la problemáticas de los pueblos originarios. La implementación de esta instancia debe ser una exigencia hacia el nuevo gobierno que entrará en funciones el 28 de julio próximo.

7. Demandamos también que se disponga el retiro de COFOPRI y suspenda las acciones de titulación de los predios rurales. Esa tarea debe ser encargada al Ministerio de Agricultura, a través de sus organismos continúe con la titulación de las comunidades.

8. Planteamos la derogatoria de la Ley de Aguas que promueve su privatización y prioriza su uso para las actividades extractivas y no el consumo humano.

9. Que se cumpla las sanciones impuestas a la empresa Caudalosa, por la contaminación del río Opamayo. Del mismo modo, exigimos el cese de la persecución judicial a los dirigentes y líderes sociales que defienden los derechos de los pueblos frente a los abusos por parte de las empresas mineras.

10. Derogatoria del marco legal que criminaliza la protesta y por lo tanto el cese de la persecución de los dirigentes comunales y líderes sociales.

11. Que las jornadas de protesta no necesitan permiso, solo un informe, distinguir huelga con paro, movilización, levantamiento.

12. Respaldar a CONACAMI Perú en la defensa de los líderes Criminalizados en las jornadas de protesta respecto a los casos Huancavelica, Huaraz, la protesta de los pueblos aymaras y quechuas de Puno, en defensa de la vida y del territorio.

13. Por las muertes de dirigentes indígenas, Iniciar el proceso de Apertura de denuncia penal ante las fiscalías de cada una de sus provincias a Alan García Pérez, incluyendo los funcionarios por estar involucrados en los actos de corrupción.

14. Revisión de contrato a las concesiones mineras con participación de las organizaciones afectadas por la minería con evaluación de las gerencias regionales de desarrollo económico local, regional y remediación de los efectos y pasivos ambientales.

15. Cancelación de las concesiones mineras y petroleras que fueron otorgadas en la región Junín desde el año 2000 a julio del 2011 y declarar a Junín y Huancavelica como zonas libre de concesiones mineras y petroleras.

16. Autodeterminación de los pueblos originarios sobre sus recursos naturales.

17. Rechazo la ampliación del proyecto minero Morococha, que pretende hacerse mediante un tajo a cielo abierto.

18. Exigir al gobierno la conformación de una comisión de alto nivel para revisar el tema de las concesiones mineras. Este grupo de trabajo debe estar integrado por representantes del pueblo y las organizaciones que lucharon en defensa de sus derechos.

19. Denunciar la continuación de la recepción de petitorios de concesiones mineras en la región Junín Huancavelica en las últimas publicaciones que aparecen en el diario correo, la republica y El Peruano.

20. Desde las organizaciones comunales y Frentes Amplio de Defensa de Junín y Huancavelica impulsar el Foro Nacional de los Pueblos Alternativo a la 30 Convención Minera en Arequipa del 13 al 16 Setiembre el 2011.

21. Reafirmamos nuestra decidida participación en las acciones necesarias que permitan continuar en el camino de la unidad de los pueblos indígenas de la zona andina y amazónica. Somos hermanos, nuestras luchas son las mismas y por ello es necesario andar el mismo camino.

22. Derogar el D.S. 018-2011 MINAM que crea el Área de Conservación Regional del Huaytapallana, pues no garantiza la verdadera protección de esa zona que es la principal fuente para el abastecimiento de agua de las poblaciones cercanas; además de ser un centro de ceremonias y rituales para las comunidades.

23. Se declare en emergencia el rio Mantaro y Perené (Junín), asimismo el rio Opamayo (Huancavelica) y otros, remediándose los pasivos ambientales recurrentes.

24. La incorporación de CORECAMI JUNIN y CONACAMI PERU al espacio de diálogo que se viene desarrollando con la finalidad de atender la problemática de los pueblos Ashaninkas de la cuenca del Perené.

25. Mantener los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas, respetando los Estatutos de las Comunidades Indígenas Campesinas y la inalienabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad e inembargabilidad de las tierras de la comunidad.

Este proceso de organización se continuara en Tarma-Junín, y Lircay – Huancavelica, en las fechas que comunicarán los encargados de organizar dicha jornada.

Los suscritos por 95 líderes de las Regiones Huancavelica, Lima, Callao, Junín y Puno quienes acordaron respaldar los acuerdos con su firma  

POR LA VIDA, TERRITORIOS, AGUA, DERECHO DE CONSULTA – ALLINKAWSAY

Fuente: http://www.defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9006:concesiones-mineras-sin-evaluacion-ni-consulta-a-comunidades-en-peru&catid=367:mineria&Itemid=183

Artículo extraído de: http://www.rebelion.org/

 

 

Juliaca: protestas terminan con 5 muertos y más de treinta heridos

La región Puno está de luto. Oficialmente 5 muertos y un aproximado de 30 heridos fue el saldo fatídico de una jornada oscura vivida en la ciudad de Juliaca. El enfrentamiento de la población con los policías en el aeropuerto internacional Manco Cápac de Juliaca, ocasiónó la muerte de Víctor Campos Huanca de 45 años,  Felix Edwin Irpanoca Turpo de 20 años,  Raúl Cancapa Huaricallo de 38 años, Petronila Coa Huanca, Gregorio Huamán de 56 años y una persona aún no identificada, que sería la sexta víctima.

Ante los recientes hechos luctuosos registrados en la ciudad de Juliaca, en el que dejó hasta el momento cinco muertos y decenas de heridos, el gobierno regional declaró de duelo regional en las trece provincias, los días 25, 26 y 27 de junio.

Ver nota completa Radio Pachamama: http://www.pachamamaradio.org/25-06-2011/jornada-dramatica-en-juliaca.html